Tras conocerse que la pasada semana todos los grupos del Congreso de los Diputados acordaron admitir a trámite una proposición de ley de Izquierda Unida para modificar la Ley General de Sanidad con el fin de universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en territorio nacional, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en representación de una gran parte del sector sanitario privado, manifestó su total apoyo a la propuesta principal de la proposición, pero a la vez hizo algunas reflexiones en relación a otros asuntos propuestos que vuelven a poner en duda, por ejemplo, la cobertura que las mutualidades de elección (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) hacen al colectivo de funcionarios del Estado y que pueden verse afectadas gravemente en las más que previsibles modificaciones de la ley.

Sin perjuicio de no conocer en profundidad la proposición de Ley, sí que es posible señalar que una cosa es la universalización de la asistencia sanitaria y otra muy distinta la regulación “ex novo” de aspectos relacionados con la prestación de la asistencia, cuestión que parece que en la nueva proposición se pretende que haya a través de un único modelo gestor – el estrictamente público –, en contra de las fórmulas de colaboración público-privadas como las que actualmente desempeñan las mutualidades y en contra del principio rector de la economía de mercado reconocido en el artículo 38 de nuestra Constitución .

La supervivencia del sistema de mutualidades no es una cuestión superficial, puesto que su cese o deterioro, como ha quedado patente recientemente en la presentación del Informe IDIS "Aportación del modelo de mutualismo administrativo al mercado laboral sanitario español”, produciría una situación gravísima tanto para una parte del sector privado, como para el buen funcionamiento y el equilibrio del sistema público, así como para el mantenimiento de la sociedad del bienestar. Si desapareciesen dichas mutualidades, muchos centros hospitalarios privados se verían abocados al cierre y el Régimen General de la Seguridad Social se incrementaría en varios millones de personas con el consiguiente riesgo de posible colapso del sistema general y las listas de espera serían más largas y complejas de gestionar.

En cualquier caso, el sector sanitario privado aporta un enorme valor añadido en términos de empleo cualificado, contribución al PIB y descongestión de un sistema sanitario público ya de por sí desbordado y necesita marcos estables de referencia para su desarrollo y no puede estar sometido constantemente ni al dogmatismo de hacer públicos todos los servicios relacionados con la salud, ni al oportunismo electoralista, ni al vaivén político de cada situación y momento. De lo contrario, se producirá un deterioro importante del sector sanitario privado que a su vez puede poner en riesgo al propio sistema sanitario público ya de por sí en crisis de solvencia financiera y de gestión.

En la previsible modificación de la Ley General de Sanidad propuesta por Izquierda Unida, debería primar el interés general y la salvaguarda del sistema en su conjunto, más si cabe en un momento en que todos los indicadores concluyen que la sostenibilidad del sistema está realmente en entredicho, siempre en beneficio del paciente y el profesional sanitario con el objetivo prioritario de aportar los mejores resultados de salud de la forma más eficiente posible.

Desde el IDIS apostamos por una sanidad pública para todos que realmente atienda a los ciudadanos en condiciones de igualdad en el acceso y las prestaciones pero con un sentido de realidad a fin de que se afronte con verdadera voluntad hasta donde puede y debe de llegar la cobertura del sistema, más allá de planteamientos ideológicos que en nada van a beneficiar los derechos de los ciudadanos salvo a recortarlos, como, por cierto, ha pasado en otros casos recientes, por no haber tomado a tiempo las medidas necesarias.

En conclusión, desde el Instituto del Desarrollo e Integración de la Sanidad solicitamos el ejercicio real y responsable de la labor política acorde con la situación económica actual y futura y que nos lleva irremediablemente a aprovechar con la mayor eficacia todos los recursos sanitarios disponibles para sacar el máximo provecho a nuestro sistema sanitario, por encima de cualquier propuesta basada en intereses distintos a los puramente sanitarios que sólo producirían el empeoramiento del sistema y finalmente derivarían en el recorte de los derechos de los ciudadanos.